Marisol Pérez Tello es candidata a la presidencia del Perú por el partido político Primero La Gente.
Es tacneña, abogada por la Universidad San Martín de Porres y excatedrática en su alma mater, profesora en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN) y en la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú.
Cuenta con una Maestría y un Doctorado en Derecho Constitucional. Además, es madre y esposa.
Carrera Política
Su carrera política empezó en las aulas de la universidad y fue lideresa del PPC, partido político en el que se formó partidariamente. Es Oficial de Reserva del Ejército Peruano en el grado de Capitán del Arma de Inteligencia. En el ámbito civil, ejerce como notaria pública desde 1999. Son más de 25 años de labor ininterrumpida que le otorgan un conocimiento de primera mano sobre la realidad contractual, registral y económica del ciudadano, alejándola del perfil del burócrata de escritorio.
Marisol fue ministra de Justicia y Derechos Humanos entre 2016 y 2017 durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski.
Entre sus logros se encuentran:
Modernización penitenciaria
Impulsó la reestructuración del INPE, implementando medidas para reducir el hacinamiento —declaró el sistema penitenciario en emergencia— e impulsó el programa Cárceles Productivas.
Abrió al público el SPIJ.
Esta herramienta, hasta el día de hoy, ayuda a muchos estudiantes universitarios y profesionales del derecho a mantenerse actualizados en cuestiones legales.
Lucha contra la corrupción
Lideró la firma y ejecución del Acuerdo Nacional por la Justicia, un hito para combatir la corrupción y la impunidad en el sistema legal peruano.
Operativizó la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas
Dotó al ministerio, por primera vez, de un enfoque humanitario para la recuperación e identificación de restos.
También fue congresista de la República por Lima (2011-2016). Allí, mediante su participación en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, legisló para que el Estado peruano implementase la Convención de Palermo, el tratado legal global contra el crimen organizado transnacional que permite a los Estados colaborar y combatir el delito con eficacia. Impulsó la aprobación de la Ley 30077. Esta norma ha sido modificada por el actual Congreso en el marco de lo que se conoce como "leyes procrimen".